Okupaciones e inquiokupación en auge, ante el caos normativo
Los propietarios optan por la negociación con los inquilinos (y/o el pago) o la contratación de empresas especializadas en los desalojos.
A pesar de que los datos sobre okupación e inquiokupación de viviendas parecen indicar una disminución de estas, la realidad es que el problema está lejos de resolverse, según expresan los especialistas en el tema.
En 2023 se contabilizaron 15.286 denuncias por okupación ilegal (allanamiento de morada y usurpación), un 8,8% menos que en 2022 y un 11,5% menos que en 2021. Pero según los juristas a pesar de lo que dicen los datos, la okupación de viviendas está en alza. Hay que tener en cuenta que los numerosos casos de inquiokupación no aparecen en estas estadísticas y también que se están empezando a optar por vías alternativas para resolver el problema extrajudicialmente, como la negociación con los inquilinos (y/o el pago) por su cuenta o la contratación de empresas especializadas en los desalojos.
La inquiokupación: la realidad velada
El Congreso de los Diputados está pendiente de dar vía libre a un texto que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos de no más de 15 días. Pero esta normativa excluye los casos de inquiokupación (impago premeditado y voluntario de la renta) que son el eje actual de la problemática.
Las inquiokupaciones está aumentando hasta el punto de representar el 80% de las okupaciones totales. Los propietarios ante la lentitud administrativa evitan denunciar y optan por otras vías. La inquiokupación además se está, digamos, profesionalizando y a menudo se repite la secuencia de acciones: los ocupantes alquilan la vivienda, pagan su mes de fianza, el mes corriente, presentan documentación (falsa) y acceden de manera ?€?legal?€? a ese piso. Una vez están dentro, dejan de pagar. Se está empezando a hablar incluso de mafias organizadas.
En opinión de muchos implicados, el gobierno no quiere sacar a la luz los datos sobre inquiokupación para evitar el alarmismo. Hay situaciones que nunca van a aparecer en las estadísticas porque se llega a acuerdos con los ocupantes previos a la denuncia o se gestionan por abogados o empresas. Además. los datos mostrados provienen de las denuncias pero hay otros muchos trámites comunes para recuperar la vivienda que no aparecen en las estadísticas y falsean la realidad.
Negociación y pago, la otra alternativa de los propietarios
La legislación actual está facilitando las okupaciones. Es muy paradógico, pero se está dando la situación de que los propietarios acaban por negociar con los inquilinos una cantidad de dinero para que estos abandonen la vivienda. Y estos, una vez que abandonan la vivienda, buscan otro objetivo que okupar.
Las razones que llevan a estas decisiones están en la insuficiente protección jurídica que tienen los propietarios. La lentitud de los procedimientos judiciales los desanima; un juicio puede llegar a tardar un año, más los posibles recursos y apelaciones, y la posibilidad de suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. En total, el plazo para recuperar la vivienda puede superar los 2 años.
Tampoco facilitan la recuperación de las viviendas okupadas las diversas prórrogas que se están dando a la normativa de protección a las familias vulnerables que se estableció en la pandemia a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que protege claramente a los inquilinos, y que se mantendrá en vigor al menos hasta finales de 2025.
Además la actual Ley 12/ 2023 de la Vivienda, tiene maniatados a los grandes tenedores de vivienda que encuentran grandes dificultades para recuperar sus viviendas en los casos de vulnerabilidad y retrasa los procedimientos judiciales con la intervención obligada de los Servicios Sociales, la necesidad de plazos de conciliación y la obligación de los propietarios de aportar información que a veces depende de los propios inquilinos.
En definitiva, los propietarios, ante el miedo a estar dos años o más sin poder recuperar su vivienda y sin recibir ingresos, prefieren pagar y volver a alquilar el inmueble, que optar por la vía judicial.
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